Marisi Martín Cabria, Procuradora en las Cortes de Castilla y León |
No es la primera vez que en este blog y en otros foros decanto mi vocación ruralista y mi derecho a vivir en el territorio que yo he elegido con una garantía de calidad de vida. Para mí y para mi familia son muchas las ventajas de vivir en un pueblo, también hay algunas desventajas, pero éstas se compensan cuando son consecuencia de nuestra propia opción .
Sin embargo, la pérdida de peso del mundo rural, la despoblación y el envejecimiento de los pueblos más pequeños, la pérdida de capacidad productiva, de generar empleo, la masculinización de su población y el desaliento de un futuro incierto, van haciendo mella en su fuerza y capacidad de respuesta ante muchos de los problemas que hoy en día protagoniza el mundo rural. Esta pérdida de peso del mundo rural, protagonizada por los cambios económicos, productivos y en consecuencia demográficos, ha generado unos desequilibrios y una vulnerabilidad que le pone en riesgo tal y como lo conocemos. Expuesto de continuo a negocios de “listillos” que buscan hacer su agosto en zonas demográficamente deprimidas, con escasa capacidad de organización social y que entran en una comarca de puntillas, pero con patas de elefante, con la complicidad de algún “iluminado” gestor público deseoso de dejar su “huella de progreso y desarrollo” en sus dominios y más guiado por la codicia que por el sentido común.
El negocio de los Residuos es muy suculento, y la guinda de los mismos son los residuos peligrosos y “no peligrosos” (que en realidad si lo son). Y por eso miles de toneladas de residuos viajan diariamente por nuestros barcos, trenes y carreteras para ser “tratados” en lugares donde el margen de beneficio de la empresa que los gestiona sea mayor. Es el caso de los residuos industriales catalanes, que van a parar a plantas de Cantabria y de Castilla y León, a pesar de las denuncias de las empresas de residuos catalanas, es más barato trasladar los residuos a Castilla y Leon o a Cantabria, que tratarlos en Cataluña.
Por lógica, por seguridad, por sentido común y por justicia, los residuos deben de ser tratados lo más cerca posible de donde se generan. Lo que no es de recibo es que los desperdicios de la industria, que genera riqueza, desarrollo y empleo en otras zonas, terminen al lado de nuestros pueblos, de nuestros ríos y de nuestras gentes.
Las empresas privadas, por su parte, están para ganar dinero, no tienen que velar por el bien común y no siempre la Administración pública, la autoridad, o los tribunales están ahí para exigirles que cumplan a rajatabla sus compromisos, sus emisiones, sus filtraciones, sus medidas de seguridad... y esto es muy, muy grave… porque las dioxinas que salen de las chimeneas, las aguas de los manantiales que pueden contaminarse por filtraciones, por ejemplo, no se ven… se respiran, se beben, entran en la cadena alimenticia a través del ganado… ponen en entredicho nuestras empresas agroalimentarias, nuestros cultivos, nuestra salud, nuestras agua, nuestro olor , nuestra oferta saludable y en definitiva nuestro desarrollo sostenible.
Lo que es ya para girar y no dejar de dar vueltas es que la escasa mano de obra que generan estas plantas de tratamiento de residuos que, en verdad no son mas que vertederos o incineradoras, nos las quieran vender como empleo ligado al medio ambiente.
No es la primera vez que la comarca de Aguilar de Campoo se enfrenta a los movimientos especulativos de empresas de tratamientos de residuos, en eso tenemos experiencia y por eso tenemos capacidad de respuesta. Esta vez la amenaza nos viene del límite sur de Cantabria. Un vertedero de residuos industriales se pretende instalar en la “La Granja Munilla”, municipio de Valderredible, y que limita con las pedanías de Villanueva de Henares, Canduela y Navas de Sobremonte. Una delimitación administrativa tras la que hay una única comarca natural, que comparte intereses, tradiciones,cultura, patrimonio, medio natural, trabajo…
Es necesario hacer compatible la generación de empleo, con la preservación de nuestros valores naturales, patrimoniales, de nuestra industria agroalimentaria, nuestra agricultura, ganadería, turismo cultural, turismo verde, nuestro patrimonio natural y cultural… sectores estratégicos de nuestra economía y fuente de desarrollo sostenible, a los que no podemos poner en riesgo. Por eso este tipo de empresas que buscan una oportunidad de negocio con el tratamiento –vertedero, incineración… – de residuos en zonas rurales, lejos de los focos industriales donde se producen, no son compatibles con el desarrollo sostenible que venden el Gobierno de Cantabria y la Junta de CyL con las marcas de “Tierra de Sabor” , de “CyL es vida” o de “Cantabria infinita”
Ante la indefensión que supone la depresión demográfica del mundo rural, su vulnerabilidad, su dispersión, sus limitaciones organizativas y de recursos, se hace necesaria una protección especial por parte de las distintas administraciones públicas. No podemos dejar en manos de ayuntamientos y de empresas privadas la decisión de donde se localizan las plantas de tratamiento de residuos industriales. Para eso hay un Plan Regional de Residuos Industriales en Cantabria que incorpora un mapa con la localización exacta de los centros de tratamiento. Y exigir el cumplimiento estricto de dicha legislación y la preservación de la catalogación urbanística y valorización medioambiental del suelo, debe de ser el camino a seguir tanto por la plataforma que se ha formado contra la ubicación del vertedero, como de las organizaciones agrarias, sociales, ciudadanas, políticas, empresas de la zona –encabezadas por las agroalimentarias–, Ayuntamientos, pedanías……y vecinos en general.
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